Esta situación ha provocado desplazamientos masivos, confinamientos y desabastecimiento, generando alertas de organismos nacionales e internacionales.

La disputa por el control territorial entre el Frente 33 de las disidencias y el ELN ha sumido a los municipios de Tibú y El Tarra en una espiral de violencia. Organizaciones de derechos humanos y autoridades locales reportan el desplazamiento forzado de cientos de familias, con cifras que oscilan entre 250 y más de 1.000, y el confinamiento de cerca de 6.000 personas. Los enfrentamientos, que no cesaron ni en Navidad, han incluido ataques con drones y la instalación de minas antipersonal, afectando gravemente a la población civil.

Un desplazado describió la situación diciendo: "El 2025 fue el peor año de nuestras vidas". La crisis ha provocado un grave desabastecimiento de alimentos y medicinas, ya que las empresas de transporte temen movilizarse por la región. Incluso, se han registrado ataques a infraestructuras civiles, como un puesto de salud en Tibú que obligó al personal médico a abandonar la zona.

En respuesta, el Gobierno ha reforzado la presencia militar con operaciones terrestres y aéreas para intentar estabilizar el orden público y proteger a las comunidades. La Defensoría del Pueblo y la ONU han emitido alertas urgentes, instando a los grupos armados a permitir el acceso de ayuda humanitaria y a respetar el Derecho Internacional Humanitario, mientras la nueva cúpula militar ha priorizado la región para evaluar la situación y adoptar nuevas medidas de seguridad.