La red, que operaba desde 2014, cobraba entre 400 y 1.000 millones de pesos por caso para filtrar información reservada, direccionar investigaciones y bloquear decisiones judiciales.

En operativos simultáneos en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta), fueron capturadas nueve personas, entre ellas cuatro funcionarios activos de la Dijín de la Policía Nacional, dos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y tres exintegrantes del Inpec. Según la fiscal del caso, la organización se enfocaba en procesos de la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio. “Funcionarios adscritos a esa unidad procedieron a eliminar elementos materiales probatorios y a solicitar dinero a cambio de los que estaban allí involucrados para esconder sus bienes, haciendo creer que habían unas órdenes de captura”, explicó. Uno de los clientes de la red fue Juan Carlos Ramírez Taborda, alias 'Manicomio' o 'El Piloto', un narcotraficante que pagó condena en Estados Unidos. A cambio de sobornos, la red le prometía evitar la extinción de dominio sobre sus bienes en Colombia, llegando incluso a entorpecer investigaciones y amenazar testigos. El Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía documentó las acciones ilegales de la red en los años 2014, 2015, 2024 y 2025, evidenciando un entramado de corrupción persistente que comprometía la integridad de instituciones clave para la justicia.