Tras el ataque, la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana activaron un 'plan candado' para localizar a los responsables y anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a su captura. La zona fue acordonada por unidades de la Sijín para adelantar la investigación y recolectar material probatorio. Este hecho se suma a otros actos violentos contra la fuerza pública en la ciudad, como el atentado ocurrido el 16 de diciembre en el barrio Mariano Ramos, que dejó dos subintendentes muertos y fue atribuido inicialmente al ELN. La comunidad del sector de Marroquín expresó su temor y reclamó mayor presencia de las autoridades para garantizar la seguridad en la zona.