La situación se ha agravado con ataques directos a la población, como el caso de una mujer herida por un dron cargado con explosivos y otra que pisó una mina antipersonal. La Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas, solicitando un cese inmediato de las hostilidades para permitir el ingreso de personal médico y ayuda humanitaria. El alto consejero para la paz en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, advirtió que “en cualquier enfrentamiento que ocurra en veredas o corregimientos, es la población civil la que queda en medio”.

Aunque el Gobierno ha reforzado la presencia militar con patrullajes terrestres y aéreos, el temor persiste.

Las empresas de transporte público y de carga han suspendido sus rutas hacia la región, lo que ha generado escasez de productos básicos.

La vicepresidenta Francia Márquez ha hecho un llamado a la comunidad internacional para atender la emergencia, mientras las autoridades locales intentan gestionar la ayuda humanitaria con recursos limitados por el cierre fiscal del año.