Organizaciones humanitarias y autoridades locales reportan que cerca de 7.000 familias permanecen confinadas, temerosas de quedar en medio del fuego cruzado.

La Defensoría del Pueblo ha lanzado múltiples alertas, informando sobre personas heridas que requieren atención médica urgente. La defensora Iris Marín hizo un llamado a los grupos armados para "cesar de inmediato los combates y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona". La situación es tan crítica que el alcalde de Tibú denunció el bloqueo de una ambulancia que intentaba prestar asistencia. La vicepresidenta Francia Márquez también se pronunció, pidiendo ayuda a las autoridades competentes y a la comunidad internacional para garantizar condiciones de seguridad que permitan el retorno de las comunidades a sus tierras. La disputa territorial en el Catatumbo, una región estratégica por sus recursos naturales y su ubicación fronteriza con Venezuela, ha dejado un centenar de muertos y miles de desplazados en lo que va del año, evidenciando la falta histórica de presencia estatal y el control ejercido por los grupos armados ilegales.