El incidente ocurrió mientras los uniformados adelantaban operaciones contra el ELN en el resguardo La Puria.

Según información oficial, los militares de la unidad “Búfalo 1” fueron rodeados por cerca de 200 personas, quienes protagonizaron una asonada, les impidieron la movilidad y los trasladaron al interior del resguardo indígena. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el Ejército Nacional señalaron que las comunidades habrían sido instrumentalizadas por el ELN para frenar las acciones de la Fuerza Pública en un corredor estratégico del grupo armado.

Durante la retención, los militares permanecieron sin sus armas para evitar confrontaciones. La liberación se logró gracias a la intervención de una comisión liderada por la Defensoría del Pueblo, con el acompañamiento de la Procuraduría, la Personería local y líderes comunitarios. La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, rechazó el secuestro y afirmó que el Ejército puede hacer presencia en los resguardos. Tras el desenlace, el Gobierno Nacional reiteró que “no existen territorios vedados para la Fuerza Pública” y que este tipo de acciones vulneran la misión constitucional del Ejército.