Los implicados, sin embargo, no aceptaron los cargos durante la audiencia de legalización. La Procuraduría General de la Nación también abrió una investigación disciplinaria por los presuntos incumplimientos en el contrato, que ya había sido objeto de una multa por parte del Ministerio de Defensa. La Fiscalía busca ahora la captura internacional de los representantes de una firma estadounidense vinculada al caso, para lo cual solicitó la emisión de circulares rojas de Interpol. Este escándalo se suma a otras investigaciones por corrupción dentro de las Fuerzas Militares, afectando la transparencia en la contratación y el mantenimiento de equipos estratégicos para la defensa nacional.