Las autoridades investigan varias hipótesis, siendo la principal una retaliación por parte de poderosas mafias dedicadas al contrabando, las cuales, según había denunciado el presidente Gustavo Petro, estarían infiltradas en la entidad. La hermana de la víctima, Claudia Calao, reveló que el funcionario había hecho denuncias y que su “error fue hacer su trabajo”. Tras el crimen, el presidente Petro reafirmó la extradición de alias 'Pipe Tuluá' y aseguró que se impartieron órdenes de protección en varios municipios. La DIAN condenó el asesinato y exigió a las autoridades celeridad en la investigación para esclarecer los móviles y capturar a los responsables.

Se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a los autores del homicidio.