A cambio de los cuerpos, los responsables recibían felicitaciones, condecoraciones y permisos. Como parte de la condena, la JEP ordenó que Mejía cumpla la pena en un establecimiento de reclusión de las Fuerzas Militares, pida perdón público a las víctimas en Valledupar y que se le retiren todos los honores y condecoraciones militares. Este fallo es significativo ya que Mejía se convierte en el primer alto oficial en recibir una sentencia de prisión efectiva dentro del sistema de justicia transicional, tras negarse a reconocer su responsabilidad en los hechos.