El informe detalla que la institución más afectada ha sido las Fuerzas Militares. Esta disminución en la capacidad operativa del Estado es una de las claves para entender la compleja situación de seguridad que enfrenta Colombia. La falta de uniformados limita la capacidad de control territorial y la respuesta a las acciones de grupos como el ELN y las disidencias de las FARC, quienes han intensificado sus ataques contra la población civil, la infraestructura y la propia Fuerza Pública. Este debilitamiento estructural sirve como telón de fondo para los recientes y violentos ataques registrados en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, donde la capacidad de respuesta de las autoridades ha sido cuestionada. La alerta de la Procuraduría subraya la urgencia de abordar esta problemática para poder enfrentar eficazmente las amenazas a la seguridad nacional.