Los ataques, ejecutados con fusiles, explosivos y cilindros bomba, tuvieron como objetivo principal la infraestructura del Estado en el casco urbano. La estación de Policía, la Casa de Justicia y la sede del Banco Agrario quedaron prácticamente destruidas.

Según el alcalde Pablo Peña, el municipio quedó "prácticamente tomado" y sin sede para gobernar.

La Defensoría del Pueblo denunció que los disidentes amenazaron a los habitantes para que abandonaran sus viviendas e instalaron artefactos explosivos en las vías de acceso, bloqueando la llegada de refuerzos, que tardaron más de cinco horas en arribar. La respuesta del Gobierno Nacional fue contundente: el presidente Gustavo Petro advirtió que habría cambios en los mandos militares de la zona si se confirmaba incompetencia y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de "todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los criminales". La cúpula militar, encabezada por el almirante Francisco Cubides, se desplazó a la zona para evaluar la situación y coordinar nuevas acciones contra las estructuras narcoterroristas, señalando directamente a la columna Jaime Martínez como responsable.

La reconstrucción de los daños, según estimaciones iniciales, podría costar 20 mil millones de pesos y tardar hasta dos años.