La decisión fue calificada en medios como un “aguinaldo navideño” para el contratista, generando una fuerte indignación pública y renovando los cuestionamientos sobre la efectividad del sistema judicial para sancionar la corrupción de alto nivel en el país. La liberación de Tapia, una figura central en múltiples entramados de corrupción, pone de relieve las dificultades para mantener en prisión a condenados de alto perfil y alimenta la percepción de impunidad.