Esta dualidad de acciones ha generado interrogantes sobre la estrategia del gobierno. Por un lado, se avanza en la judicialización de uno de los criminales más temidos del Valle del Cauca, responsable de una ola de violencia en Tuluá, y por otro, se le abre la puerta a un diálogo que busca el sometimiento de su estructura. El director de la DNI, Jorge Lemus, encabezará el equipo gubernamental para verificar la “voluntad real de paz” de 'La Inmaculada'. Ante la noticia de la extradición, las autoridades del Valle del Cauca reforzaron las medidas de seguridad, y el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento expresó que “abrir mesa de diálogo no es conveniente” en este contexto, reflejando las tensiones entre las autoridades locales y la política nacional de paz.