Esta alianza entre agentes del Estado y grupos paramilitares fue fundamental para llevar a cabo el exterminio.

La magistrada Catalina Díaz anunció que la JEP se prepara para expedir una segunda decisión en este macrocaso, lo que podría implicar la vinculación de otros oficiales. La calificación de genocidio se fundamenta en que el ataque no solo se dirigió contra individuos, sino contra el grupo político en su conjunto, con la intención de destruirlo.

Los crímenes incluyeron homicidios, desapariciones forzadas, exterminio y desplazamiento forzoso.

Ahora, los militares imputados deberán decidir si reconocen su responsabilidad para acceder a las sanciones propias de la JEP o si, por el contrario, se enfrentan a un juicio adversarial en el que podrían ser condenados a penas de hasta 20 años de cárcel. Esta decisión marca un hito en la justicia transicional colombiana al abordar uno de los episodios más oscuros del conflicto armado y señalar la responsabilidad de altos mandos del Ejército en la persecución política.