El paro armado, programado desde las 6:00 a.m.

del 14 de diciembre hasta la misma hora del 17 de diciembre, representa una demostración de fuerza del ELN y su capacidad para alterar el orden público a nivel nacional.

La organización criminal advirtió a la población civil abstenerse de viajar por carreteras y ríos, y aunque afirmaron que respetarían a los civiles, lanzaron una “amenaza velada advirtiendo que los civiles no se deben ‘mezclar’ con militares para que eviten accidentes”. La ofensiva se materializó con especial intensidad en Norte de Santander, donde se reportó el hallazgo de cilindros con posibles explosivos en la vía Cúcuta-Pamplona y un hostigamiento a la estación de Policía de Puerto Santander que resultó en la muerte del conductor de una ambulancia. Como consecuencia, varias empresas de transporte en el Catatumbo y otras regiones suspendieron sus operaciones.

La respuesta del Estado fue inmediata.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la acción como un “constreñimiento criminal” de un “cartel del narcotráfico y el terrorismo”, y anunció el despliegue de “todas sus capacidades” y ofreció recompensas por la captura de cabecillas como alias “Pablito”. Por su parte, el presidente Gustavo Petro condenó las amenazas, afirmando que “el miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios”.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta, advirtiendo que este tipo de acciones vulneran gravemente el Derecho Internacional Humanitario y someten a la población civil a confinamientos, desabastecimiento y terror.