Las medidas cautelares incluyen la suspensión del poder dispositivo, lo que impide que los bienes puedan ser vendidos o transferidos mientras avanza el proceso de extinción de dominio. Una vez finalizado el proceso, las propiedades serán entregadas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración. Este golpe se enmarca en una estrategia más amplia de las autoridades para desmantelar las estructuras criminales no solo a través de capturas, sino también afectando su patrimonio, considerado el motor de sus actividades delictivas. La acción representa un avance significativo en la lucha contra las bandas que, según informes, están detrás de un alto porcentaje de los homicidios en Cali, a menudo relacionados con vendettas y disputas por el control de economías ilegales.