Durante una audiencia ante la JEP, militares lo señalaron de haber ofrecido armas para incrementar el número de bajas presentadas ilegítimamente en combate. A raíz de estas acusaciones, la Procuraduría ordenó su suspensión, pero el oficial siguió activo, lo que desató un debate sobre la autoridad de las decisiones del Ministerio Público frente a las Fuerzas Armadas.

El presidente Gustavo Petro ha defendido al general, argumentando que no existen pruebas contundentes en su contra.

Esta situación se suma a la complejidad del panorama de seguridad, donde se evidencia que grupos como las disidencias aprovecharon los ceses al fuego para expandir su control territorial y cometer graves violaciones a los derechos humanos, como lo demuestran los archivos de ‘Calarcá’.