La Fiscalía estima que al menos 700 víctimas fueron engañadas por la organización, que llegó a cobrar entre 50.000 y 90.000 dólares por los supuestos trámites.

El modus operandi de la red era sofisticado: los delincuentes se hacían pasar por funcionarios de agencias gubernamentales de Estados Unidos para dar una apariencia de legalidad al proceso.

Para ello, montaron oficinas que simulaban ser agencias oficiales, utilizando banderas, emblemas y uniformes del gobierno norteamericano para generar confianza en sus víctimas.

Este montaje les permitía convencer a las personas de que estaban participando en un proceso legítimo para obtener visas de trabajo, logrando así que pagaran las exorbitantes sumas de dinero. La caída de esta estructura criminal es un resultado significativo de la cooperación judicial internacional y representa un duro golpe a las finanzas de estas organizaciones que se aprovechan de las necesidades y sueños de las personas que buscan oportunidades laborales en el extranjero. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a más víctimas y a otros posibles integrantes de la red en los países involucrados.