La Corte Suprema de Justicia dejó en firme las condenas contra varios miembros de la Policía Nacional implicados en el asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra, ocurrido en 2011, y en el posterior montaje para encubrir el crimen. Aunque el alto tribunal realizó ajustes técnicos a las penas por un error en la dosificación, ratificó la culpabilidad de los uniformados en uno de los casos más emblemáticos de abuso policial en Bogotá. La decisión afecta al patrullero Wilmer Alarcón, autor material del disparo que acabó con la vida de Becerra, y a otros altos oficiales que participaron en la alteración de la escena del crimen para simular un enfrentamiento y justificar la acción del patrullero.
Entre los condenados cuya sentencia fue confirmada se encuentran el coronel (r) Nelson Arévalo, el subintendente Fleyber Zarabanda y el sargento Juan Leal.
La Sala Penal de la Corte encontró que el Tribunal Superior de Bogotá había aplicado incorrectamente una doble agravación en los delitos, lo que resultó en una pena mayor a la correspondiente. Por este motivo, realizó una redosificación de las sentencias, pero mantuvo la esencia del fallo condenatorio, confirmando la responsabilidad de los policías en los hechos. El caso de Diego Felipe Becerra se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad y la violencia policial, gracias a la persistencia de sus padres, Gustavo Trejos y Liliana Lizarazo, quienes durante años buscaron justicia y desenmascararon el montaje orquestado para presentar a su hijo como un delincuente. La ratificación de las condenas por parte de la máxima instancia de la justicia ordinaria cierra un largo capítulo judicial y sienta un precedente sobre la responsabilidad de la fuerza pública en violaciones a los derechos humanos.
En resumenLa Corte Suprema de Justicia confirmó la responsabilidad de varios policías en el asesinato y posterior encubrimiento del crimen del grafitero Diego Felipe Becerra. Aunque se ajustaron las penas por tecnicismos, la decisión final ratifica las condenas y representa una victoria para la familia de la víctima en su larga lucha contra la impunidad y el abuso de poder.