Por su parte, Bonilla fue implicado por su exasesora, quien afirmó que el entonces ministro conocía las negociaciones.

Los contratos investigados, valorados en 92 mil millones de pesos, estaban destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).

Ante las acusaciones, ambos exministros se declararon inocentes y no aceptaron los cargos durante la diligencia.

La defensa de Bonilla, a cargo del abogado Mauricio Pava, afirmó que su cliente tiene “total disposición para comparecer ante los jueces” y demostrar su inocencia. Olmedo López y Sneyder Pinilla, piezas clave del escándalo, han ratificado su disposición de servir como testigos en el proceso contra los exministros.