La muerte de dos oficiales del Ejército Nacional dentro de un vehículo en las instalaciones del Cantón Norte en Bogotá ha desatado una investigación por un presunto feminicidio seguido de suicidio. El suceso, que involucra a la subteniente María Camila Mora y al capitán Pablo Andrés Masmela, ha puesto en tela de juicio los protocolos de seguridad y prevención de violencia de género dentro de una de las guarniciones militares más importantes del país. El trágico evento ocurrió la noche del 26 de noviembre de 2025 en el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería. Según las versiones preliminares, el capitán Masmela, quien recientemente había finalizado un curso para ascender a mayor, habría disparado contra la subteniente Mora, su expareja sentimental, antes de quitarse la vida.
Una tercera oficial, amiga de Mora, se encontraba fuera del vehículo y se convirtió en testigo clave al escuchar las detonaciones y alertar a las autoridades.
La investigación ha revelado detalles alarmantes que sugieren fallas en los controles internos del Ejército. Durante la inspección de la habitación del capitán Masmela, el CTI de la Fiscalía encontró dos armas de fuego adicionales que no pertenecían a su dotación oficial, sumadas a la utilizada en el crimen. Además, el abogado de la familia de la víctima, Luis Eduardo Leyva, señaló que existía una anotación previa en la hoja de vida del capitán por amenazas contra otra expareja, con frases como: “si usted no es para mí, no es para nadie”.
Este antecedente ha generado cuestionamientos sobre los filtros psicológicos para su ascenso.
La familia de la subteniente Mora, reconocida por ser la primera mujer en pilotar una aeronave no tripulada en Colombia, ha anunciado que llevará el caso a la jurisdicción contencioso-administrativa para determinar la responsabilidad del Estado por las evidentes fallas de seguridad.
En resumenEl caso de la muerte de dos oficiales en el Cantón Norte se investiga como un feminicidio y suicidio, revelando presuntas fallas de seguridad dentro del Ejército, como la presencia de armas no oficiales y antecedentes de violencia del agresor. La familia de la víctima busca establecer la responsabilidad del Estado, mientras el suceso genera un debate sobre la salud mental y la prevención de la violencia de género en las Fuerzas Militares.