También se ocuparon dos establecimientos de comercio, incluyendo un restaurante y una droguería, y cinco vehículos.

La Fiscalía reveló que, para ocultar el origen y la destinación ilícita de los bienes, estos fueron puestos a nombre de las compañeras sentimentales y personas cercanas a los cabecillas de las estructuras criminales. Las medidas cautelares impuestas sobre los activos son la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro, con el fin de despojar a las disidencias de un patrimonio ilícito que fortalecía su actuar delictivo en la región.