La Procuraduría, tras abrir una indagación, suspendió provisionalmente por tres meses a ambos funcionarios, argumentando que podrían influir en la investigación. El procurador Gregorio Eljach calificó la situación como "algo muy delicado", señalando que la información traficada "puede terminar en la muerte de policías". La Fiscalía General también abrió una investigación formal y compulsó copias a la delegada ante la Corte Suprema para indagar al general Huertas.

Por su parte, el Ejército inició una investigación interna. En contraste, el presidente Gustavo Petro defendió a los funcionarios, calificando las versiones como "falsas" y una posible represalia por combatir la corrupción militar.

El general Huertas emitió un comunicado negando los señalamientos, afirmando que es "materialmente imposible" que haya ofrecido protección, ya que durante el periodo en cuestión no contaba con esquemas de seguridad ni vehículos oficiales.

La situación ha generado un profundo debate sobre la seguridad nacional y la integridad de las instituciones de inteligencia del país.