La condena se fundamenta en su rol en la conformación y financiación del grupo paramilitar conocido como 'Los 12 Apóstoles', que operó en Yarumal, Antioquia, en la década de 1990, y su participación en el asesinato del campesino Camilo Barrientos en 1994. El fallo del tribunal argumenta que Uribe Vélez "conformó y dirigió un grupo armado ilegal que, desde la hacienda La Carolina [...] llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas consideradas como indeseables y presuntos auxiliadores de grupos subversivos". La decisión revierte un fallo de primera instancia de noviembre de 2024 que lo había absuelto, el cual fue criticado por el tribunal superior por una valoración fragmentada de las pruebas y por desestimar testimonios clave. La nueva sentencia considera que la prueba de responsabilidad penal es "sólida" y que los testimonios convergen en señalar el liderazgo de Uribe en la organización criminal. Además de la pena de prisión, se le impuso una multa de 6.500 salarios mínimos y una inhabilidad de 20 años para ejercer funciones públicas, negándole la prisión domiciliaria. La defensa, liderada por el abogado Jaime Granados, calificó la condena como "injusta" y anunció que interpondrá un recurso de impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia.