Los generales (r) imputados son Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Carlos Eduardo Ávila Beltrán y Francisco José Ardila Uribe.

Según la JEP, estos altos mandos y sus subordinados participaron en un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales. El magistrado Óscar Parra, al anunciar la decisión, enfatizó que no se trataba de ‘manzanas podridas’, sino de una práctica extendida y organizada dentro de la fuerza pública. La investigación de la JEP reveló que existían alianzas entre unidades militares y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para llevar a cabo estos crímenes. Los militares son acusados de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, considerados crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas, así como el crimen de guerra de homicidio. Esta imputación forma parte del macrocaso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, y representa uno de los autos de determinación de hechos y conductas más grandes emitidos por la JEP hasta la fecha, abarcando un número significativo de víctimas y miembros de la fuerza pública en una de las regiones más afectadas por este fenómeno.