Los comparecientes, pertenecientes a las columnas Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, detallaron su participación en tomas guerrilleras y ataques que afectaron gravemente a la población civil, comunidades indígenas y afrodescendientes. El magistrado Raúl Sánchez, de la JEP, afirmó que la jurisdicción identificó un patrón de “ataques contra varios municipios para obtener, en medio de la guerra, la consolidación del control territorial y social”. Según la JEP, entre 1993 y 2015 se registraron 288 confrontaciones en esta subregión, siendo Toribío el municipio más afectado con 65 acciones bélicas. El periodo más crítico se vivió entre 2002 y 2010, cuando se documentó la mayor afectación contra la población civil. “Se presentaron afectaciones a la población civil con muertes y lesiones graves, quienes además vieron restringido el uso libre del territorio sufriendo un deterioro extremo de las condiciones de seguridad viviendo un ambiente de miedo y de zozobra”, declaró el magistrado Sánchez. Estas audiencias son fundamentales para que las víctimas conozcan la verdad sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado y para que los excombatientes avancen en su proceso de reincorporación, cumpliendo con sus obligaciones ante el sistema de justicia transicional.