En un fallo de segunda instancia, el tribunal encontró a Uribe Vélez culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, calificándolos como crímenes de lesa humanidad. La sentencia lo responsabiliza por la conformación y liderazgo del grupo, que operaba en Yarumal (Antioquia) en la década de 1990, y por el asesinato del campesino Camilo Barrientos en 1994. Según la Fiscalía y el fallo, Uribe permitió entrenamientos paramilitares en su hacienda La Carolina y participó en reuniones para planificar asesinatos como parte de una “limpieza social”. La decisión del magistrado René Molina Cárdenas desestimó por completo la sentencia de primera instancia que había absuelto al ganadero en noviembre de 2024, argumentando que el juez inicial realizó una lectura fragmentada de las pruebas y desestimó testimonios clave que coincidían en señalar el liderazgo de Uribe. El fallo subraya que “la prueba de la responsabilidad penal es tan sólida que solo un análisis interesado o fragmentado permite llegar a una conclusión distinta”. Además de la pena de prisión, se le impuso una multa de más de 6.500 salarios mínimos y una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos. La defensa, liderada por el abogado Jaime Granados, calificó la condena como “injusta” y anunció que interpondrá un recurso de impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia. El expresidente Álvaro Uribe expresó su “profundo dolor” por la decisión, mientras que figuras como el senador Iván Cepeda celebraron el fallo como una victoria para las víctimas.