Los imputados son los brigadieres generales (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, y el mayor general (r) Carlos Eduardo Ávila Beltrán, junto con otros 27 militares de diversos rangos.

Según el auto de la JEP, estos hechos no fueron casos aislados de “manzanas podridas”, sino parte de una práctica sistemática y generalizada dentro de las unidades militares que operaban en la región. El magistrado Óscar Parra señaló que las víctimas, en su mayoría campesinos y jóvenes de zonas rurales, fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate para inflar los resultados operacionales.

La investigación también reveló alianzas entre unidades del Ejército y el 'Bloque Centauros' de las autodefensas, evidenciando un patrón criminal conjunto. Esta imputación se enmarca en el macrocaso 05, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública y otros agentes del Estado en el conflicto armado en la región del Ariari, Meta. Los militares imputados deberán decidir si reconocen su responsabilidad ante la JEP para acceder a sanciones propias del sistema de justicia transicional o si enfrentan un juicio adversarial en la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel.