Por su parte, la Procuraduría abrió cinco indagaciones preliminares para determinar si se cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El Gobierno ha defendido las operaciones.

El presidente Petro afirmó no haberse salido del DIH y calificó de “ingenuidad brutal” la petición de detener los bombardeos, argumentando que los grupos criminales usan a los menores como escudos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que los menores fallecidos eran “un objetivo militar lícito que también asesina” y que en algunos casos cayeron en combate directo.

La Fiscalía también anunció una investigación para establecer si los miembros de la Fuerza Pública se ajustaron a los principios del uso legítimo de la fuerza. La situación ha generado rechazo en diversos sectores, incluyendo congresistas que anunciaron una moción de censura contra el ministro de Defensa, recordando la postura crítica del actual gobierno frente a hechos similares en administraciones pasadas.