La evidencia, que incluye chats, correos electrónicos e informes, sugiere la existencia de pactos de no agresión, facilitación de movilidad y acceso a información sensible.

Las revelaciones han generado una fuerte reacción política, con el presidente Gustavo Petro calificando las denuncias como “versiones falsas” y una represalia por combatir la corrupción militar, defendiendo tanto al general Huertas como al director de inteligencia Wilmer Mejía.

Por su parte, el general Huertas rechazó los señalamientos, afirmando que “carecen de soporte verificable” y que es “materialmente imposible” que haya ofrecido protección a ilegales, ya que durante su retiro no contaba con esquemas de seguridad. El escándalo ha sido calificado como una grave amenaza a la seguridad nacional, con señalamientos de que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) podría haber sido penetrada para favorecer a la estructura criminal, permitiéndole crear empresas de seguridad fachada y acceder a frecuencias de radio secretas del Ejército.