La petición ha cobrado fuerza tras la indignación nacional por el caso de "Bizcocho", un perro agredido cuyo victimario fue dejado en libertad por un tecnicismo legal.

Actualmente, el maltrato animal se sanciona con penas de hasta 63 meses de prisión.

Sin embargo, la ley permite que los responsables accedan a subrogados penales como la prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la pena, lo que en la práctica anula la reclusión efectiva. Ana Ligia Mora, experta ambiental, enfatizó que “no se trata únicamente de incrementar las penas, sino de fortalecer la respuesta estatal frente al maltrato animal y ambiental, impulsando proyectos de ley que restrinjan subrogados penales”. La demanda se apoya en un marco jurídico que ha evolucionado, como la Ley 1774 de 2016, que reconoció a los animales como seres sintientes, y la sentencia C-332 de 2025 de la Corte Constitucional, que establece que su utilización no puede ser meramente instrumental. Además de la sanción penal, los expertos proponen una transformación cultural y educativa, incorporando en el sistema escolar programas sobre conciencia ambiental y respeto por la vida animal. También se plantea la implementación de sanciones accesorias de carácter educativo, como la participación obligatoria en programas de rescate animal para los agresores. Otros casos recientes, como el de un hombre condenado por matar al perro de su pareja en un acto de ira en Rionegro, refuerzan la urgencia de esta reforma.