Según el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde el 16 de enero, al menos 85.079 personas han sido desplazadas forzosamente hacia municipios como Tibú, Ocaña y Cúcuta. Durante este periodo se han registrado 163 homicidios, de los cuales 144 corresponden a civiles y diez a menores de edad. La situación se ha intensificado con un aumento exponencial de los secuestros, que se han convertido en un método de financiación para los grupos armados. Defensores de derechos humanos denuncian que la población padece de 'hambruna', ya que la presión de los grupos armados y la presencia de minas antipersonal dificultan las actividades productivas. Judith Maldonado, defensora de derechos humanos, manifestó que “la comisión humanitaria que estuvo en el Catatumbo pudo verificar que desde hace meses no se está entregando ayuda humanitaria a la población”.

Ante este panorama, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, está evaluando solicitar una 'tregua de Navidad' y un cese al fuego a los actores armados.

“Siempre hemos pedido unos mínimos humanitarios”, expresó el mandatario, quien también hizo un llamado a “que cesen esas hostilidades hacia la población civil, para que no continúe esta ola de secuestros que se han intensificado”.

La propuesta será revisada en un consejo de gobierno, mientras las comunidades y defensores lanzan un S.O.S. al Gobierno Nacional para una intervención inmediata.