La controversia se centra en cuatro operativos realizados entre agosto y noviembre en Guaviare, Amazonas y Arauca.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en estos hechos fallecieron 15 menores, la más joven de 13 años. El bombardeo más reciente y polémico, ocurrido el 10 y 11 de noviembre en Calamar (Guaviare) contra una estructura de alias 'Iván Mordisco', dejó un saldo de 20 muertos, entre ellos siete menores. El Gobierno ha defendido la legalidad de las operaciones. El presidente Gustavo Petro, quien en el pasado fue un férreo crítico de estas tácticas, justificó la acción como una “necesidad militar inminente” para proteger a 20 soldados que estaban en riesgo, y afirmó que los menores eran “víctimas del reclutamiento forzado por parte de los criminales”. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldó la operación, calificando al grupo disidente como “una amenaza letal” y argumentando que los fallecidos eran “adolescentes” que “intentaban matar a soldados”.

Sin embargo, estas justificaciones han sido rebatidas por diversas voces.

La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, ha solicitado la suspensión de los bombardeos donde haya probabilidad de presencia de menores reclutados, argumentando que “la operación militar actual es insostenible bajo el principio de humanidad”. La ONU también lamentó las muertes y condenó el reclutamiento. En el ámbito político, la representante Katherine Miranda anunció una moción de censura contra el ministro Sánchez, recordando la “incoherencia absoluta de este Gobierno” que antes calificaba estos hechos como “crimen de Estado”.