Tras reintegros realizados en el proceso penal, el posible daño quedó en 1.708 millones.

El segundo caso involucra un contrato con la Corporación Yapurutú para la adquisición de otros 40 carrotanques, con una imputación de responsabilidad fiscal por 12.579 millones de pesos. En este proceso, se imputó a López y Pinilla a título de culpa grave por una “gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica”, que incluyó sobrecostos y pagos por mantenimientos no prestados.

Aunque el ente de control archivó la actuación relacionada con el cumplimiento de la finalidad social, ya que los vehículos se encuentran en funcionamiento, las imputaciones fiscales profundizan el escándalo de corrupción que ha sacudido a la UNGRD y al Gobierno Nacional.