La investigación de la JEP reveló que estas acciones no fueron hechos aislados, sino parte de una práctica sistemática dentro de las unidades militares que operaban en la región. Según el magistrado Óscar Parra, no se trató de ‘manzanas podridas’, sino de un patrón criminal extendido por todo el país. La JEP también destapó alianzas entre las brigadas militares y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que habría facilitado la comisión de estos crímenes.

La imputación se enmarca en el macrocaso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Esta decisión judicial abre la puerta para que los altos mandos militares asuman su responsabilidad en uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, ofreciendo una oportunidad de verdad y reparación para cientos de familias víctimas de estos hechos.