Esta postura generó un fuerte rechazo, dado que Petro, como senador, fue un crítico vehemente de bombardeos similares bajo gobiernos anteriores. La Defensoría del Pueblo, a través de su directora Iris Marín, exigió al presidente suspender los bombardeos donde exista alta probabilidad de presencia de menores, afirmando que “el principio de humanidad debe prevalecer por encima de la guerra”.

La ONU también lamentó los hechos y condenó el reclutamiento. A raíz de la controversia, la Procuraduría General abrió cinco indagaciones preliminares para determinar si se cometieron infracciones al DIH, mientras que la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General también iniciaron sus propias investigaciones para establecer si los protocolos se cumplieron.