Esta postura ha sido fuertemente cuestionada por la aparente contradicción con las declaraciones pasadas del presidente Petro, quien llegó a calificar hechos similares como crímenes de Estado. La polémica ha escalado al ámbito político y judicial: la representante Katherine Miranda anunció una moción de censura contra el ministro de Defensa, mientras que la Fiscalía General, la Procuraduría y la propia Justicia Penal Militar han abierto indagaciones preliminares para determinar si las Fuerzas Militares infringieron los protocolos del DIH.