Las víctimas, entre las que se encontraban jóvenes e indígenas, fueron asesinadas por miembros del Ejército y presentadas ilegítimamente como bajas en combate entre los años 2003 y 2008. La ceremonia, ordenada por sentencias judiciales de los tribunales de Cesar, La Guajira y Cundinamarca, reunió a familiares de las víctimas, comunidades indígenas y altas autoridades.

“Estos hechos jamás debieron ocurrir.

Pido perdón a las madres, padres, hijos, hijas y a las comunidades indígenas a las que pertenecían las 23 personas que hoy no están aquí”, afirmó el ministro Sánchez, quien calificó los asesinatos como “acciones ilegales, reprochables y criminales cometidas por exintegrantes del Ejército”. El general Erik Rodríguez, comandante encargado del Ejército, también reconoció los hechos como “reprochables y de barbarie”. Los crímenes fueron perpetrados por integrantes de los batallones La Popa y Rondón, y las decisiones judiciales los calificaron como graves violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.

Denis Martínez, hermana de Noemí Pacheco Zabata, una niña indígena Wiwa de 13 años asesinada estando embarazada, recordó con dolor: “mi hermana era una niña inocente.

Este vacío no lo vamos a superar nunca”.

Este acto representa un paso significativo hacia la dignificación de las víctimas y la reconciliación en el país.