Bombardeo en Guaviare y muerte de siete menores abren debate sobre DIH

Una operación militar contra disidencias de las FARC en Guaviare, que resultó en la muerte de siete menores de edad, ha generado un intenso debate nacional sobre la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la responsabilidad del Estado en acciones de combate que involucran a niños, niñas y adolescentes reclutados forzosamente. La controversia se centra en la legitimidad de la operación y los límites éticos y jurídicos del uso de la fuerza. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que de los veinte cuerpos recibidos tras el bombardeo del 12 de noviembre, siete correspondían a menores de edad, con edades que oscilaban entre los 13 y 17 años. El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendieron la acción militar, argumentando que fue una “necesidad militar inminente” para proteger a un pelotón de veinte soldados que se encontraban en riesgo extremo frente a una columna de hasta 150 disidentes. Sánchez calificó al grupo como “una amenaza letal” y sostuvo que los menores fallecidos, aunque víctimas de reclutamiento, actuaban como “combatientes ilegales”. Por su parte, la Defensoría del Pueblo y la ONU lamentaron las muertes, recordando que los menores reclutados son, ante todo, víctimas de un crimen de guerra. La Defensoría señaló que “el principio de humanidad debe prevalecer por encima de la guerra”, mientras la ONU insistió en que el Estado debe adoptar “todas las precauciones factibles para proteger a los niños”. El caso reaviva el dilema jurídico de cómo equilibrar la neutralización de amenazas armadas con la obligación de proteger a menores instrumentalizados para la guerra, quienes, al participar activamente en hostilidades, pueden perder su estatus de protección como civiles y convertirse en objetivos militares legítimos bajo los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del DIH.

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En resumen

El bombardeo en Guaviare, que causó la muerte de siete menores, ha suscitado un profundo debate sobre los límites del DIH en operaciones militares con niños soldados. Mientras el Gobierno defiende la legitimidad de la acción por necesidad militar, organismos de derechos humanos subrayan el estatus de víctimas de los menores y la obligación reforzada de protección del Estado, dejando la determinación final sobre un posible crimen de guerra en manos de las investigaciones judiciales.

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