Mujer fallece en Barranquilla esperando medicamentos de la Nueva EPS por 11 meses

El caso de Maritza Martínez Capacho en Barranquilla ha expuesto las fatales consecuencias de las fallas en el sistema de salud colombiano. La mujer falleció tras esperar durante 11 meses la entrega de medicamentos vitales por parte de su EPS, a pesar de haber ganado una tutela que ordenaba su suministro. Maritza Martínez Capacho, diagnosticada con hipertensión pulmonar en 2023, murió en Barranquilla después de una lucha de casi un año para que la Nueva EPS le entregara su tratamiento. El suministro de sus medicamentos fue suspendido en octubre de 2023, según su esposo, Efrén Andrade, porque la EPS terminó su contrato con la farmacia Audifarma y no estableció uno nuevo a tiempo. Ante la negativa, la familia interpuso una tutela en febrero de 2025, que falló a su favor, pero la entrega nunca se materializó. Semanas antes de su muerte, Maritza grabó un video en el que, con la voz entrecortada, denunciaba su situación: “He tenido una recaída por el no suministro de las medicinas para mi tratamiento”. Trágicamente, los medicamentos llegaron 25 días después de su fallecimiento.

Este caso se suma a las crecientes denuncias sobre la crisis en el acceso a medicamentos en el país.

Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que entre 2022 y 2025, la entidad recibió 107.000 quejas por salud, mientras que la Superintendencia Nacional de Salud registró cerca de 685.000 reclamos por medicamentos, con un promedio diario de 1.600 casos.

En resumen

La muerte de Maritza Martínez en Barranquilla, quien esperó 11 meses por medicamentos que su EPS no le entregó a pesar de una orden judicial, evidencia una profunda crisis en el sistema de salud. Su caso se suma a cientos de miles de quejas y tutelas por falta de acceso a tratamientos médicos en Colombia.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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