Los uniformados son investigados por los delitos de homicidio, tortura y desaparición forzada. Según las primeras informaciones, los hechos ocurrieron en octubre, cuando los militares detuvieron a un civil en los alrededores de las instalaciones militares. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el caso, afirmando que los implicados “se salieron de toda la ética” y que en su gobierno “no hay espacio para la criminalidad ni la impunidad”. La investigación busca esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.

Un abogado penalista, Óscar Santamaria, explicó que los militares fueron retirados de sus funciones y puestos a disposición de las autoridades competentes para que respondan por los señalamientos. Este caso pone nuevamente el foco sobre el uso excesivo de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública.