La Defensoría del Pueblo exigió la liberación inmediata y sin condiciones, advirtiendo que el acto podría constituir una “toma de rehenes”, lo cual es una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Posteriormente, el Frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyó la autoría del secuestro, afirmando que los militares fueron “retenidos en acción de control territorial” y que serían entregados a una comisión humanitaria. Este suceso se enmarca en un contexto de recrudecimiento del conflicto en Arauca, donde el ELN y disidencias de las FARC se disputan el control territorial. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la escalada de violencia, que incluye desplazamientos forzados y confinamientos, y que también se manifestó en un atentado contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, ocurrido en la misma zona.
ELN secuestra a cinco militares en Tame, Arauca
El secuestro de cinco miembros del Ejército Nacional en el departamento de Arauca, atribuido al ELN, ha sido calificado por la Defensoría del Pueblo como una posible infracción al Derecho Internacional Humanitario. Este hecho se suma a un atentado contra el gobernador de la región, evidenciando la grave crisis de seguridad que enfrenta el departamento. El 9 de noviembre, cinco soldados del Ejército Nacional fueron secuestrados en el sector de Santo Domingo, zona rural del municipio de Tame, Arauca. Los uniformados viajaban en un vehículo de transporte público cuando fueron interceptados y obligados a descender por un grupo armado ilegal.



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Las autoridades sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, incautando armas y munición durante el operativo.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.





