La Defensoría del Pueblo exigió la liberación inmediata y sin condiciones, advirtiendo que el acto podría constituir una “toma de rehenes”, lo cual es una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Posteriormente, el Frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyó la autoría del secuestro, afirmando que los militares fueron “retenidos en acción de control territorial” y que serían entregados a una comisión humanitaria. Este suceso se enmarca en un contexto de recrudecimiento del conflicto en Arauca, donde el ELN y disidencias de las FARC se disputan el control territorial. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la escalada de violencia, que incluye desplazamientos forzados y confinamientos, y que también se manifestó en un atentado contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, ocurrido en la misma zona.