Homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno conmociona a Bogotá

El asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, tras una fiesta de Halloween, ha generado una profunda conmoción nacional y ha puesto en marcha un complejo proceso judicial. La captura de uno de los presuntos agresores y la posterior entrega del segundo implicado han centrado la atención en la intolerancia y la violencia juvenil en la capital. El caso judicial por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, ha avanzado rápidamente con la judicialización de dos presuntos coautores. El primero, Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, fue capturado la misma madrugada del crimen, el 31 de octubre, y la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, solicitando medida de aseguramiento en centro carcelario. El segundo implicado, Ricardo Rafael González Castro, de 22 años, se entregó voluntariamente a las autoridades en Cartagena el 10 de noviembre, tras permanecer prófugo por más de diez días.

La Fiscalía también le imputó cargos por homicidio agravado, aunque ninguno de los dos procesados los ha aceptado.

Según la fiscal del caso, ambos se exponen a penas que oscilan entre 40 y 55 años de prisión. La investigación, sustentada en videos de cámaras de seguridad y testimonios, sugiere un “acuerdo premeditado” para atacar a la víctima. La fiscal del caso relató en audiencia que la agresión fue “salvaje y consciente”, detallando que Moreno fue golpeado inicialmente por la espalda y, una vez en el suelo, recibió múltiples patadas en la cabeza y el tórax.

El informe forense reveló que sufrió múltiples fracturas craneales y se ahogó con su propia sangre.

Como posible detonante, se investiga una acusación de acoso lanzada por dos mujeres acompañantes de los agresores dentro de la discoteca Before Club, versión que, según investigadores, no se evidencia en las cámaras del establecimiento.

Las dos mujeres fueron dejadas en libertad, pero siguen vinculadas al proceso.

En resumen

El proceso judicial por el homicidio de Jaime Esteban Moreno avanza con la imputación por homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González Castro. La investigación apunta a un ataque premeditado y brutal, mientras se debate el móvil del crimen y el papel de dos mujeres que acompañaban a los agresores.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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