Soldados secuestrados en el Meta son liberados y recapturados por la comunidad

Dos soldados profesionales, Édgar Mina Carabalí y Ángel González Garcés, vivieron una jornada de incertidumbre tras ser secuestrados, liberados y nuevamente retenidos por comunidades en una zona rural de La Macarena, Meta. Los militares fueron retenidos inicialmente el 3 de noviembre por cerca de 400 personas en la vereda Getsemaní, durante una operación del Ejército y el CTI de la Fiscalía en la que fue capturada una mujer. Según el Ejército, la asonada fue presuntamente constreñida por el bloque 'Jorge Suárez Briceño' de las disidencias de las Farc, al mando de alias 'Calarcá'. Los soldados fueron despojados de sus uniformes y armas. Tras mediación de la Defensoría del Pueblo y un sacerdote, los uniformados fueron liberados en la mañana del 4 de noviembre en una zona alejada. Sin embargo, cuando una comisión humanitaria de la OEA se dirigía a recogerlos, fueron nuevamente secuestrados por la comunidad. En un comunicado, las Juntas de Acción Comunal de la zona condicionaron la liberación definitiva de los soldados a la presencia de la mujer capturada, Liceth Daza Hoyos, en cualquier negociación, exigiéndola como "prenda de garantía". El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el secuestro y lo atribuyó a una "perversa alianza" entre las disidencias y algunas personas de la comunidad. Finalmente, tras 24 horas de retención, los soldados fueron liberados de forma definitiva y quedaron bajo protección de la Fuerza de Tarea Omega y la Defensoría del Pueblo.

En resumen

El doble secuestro de los soldados en el Meta pone de manifiesto la compleja dinámica de orden público en la región, donde las comunidades son instrumentalizadas por grupos armados. El incidente evidencia la fragilidad de la autoridad estatal y los desafíos que enfrenta la Fuerza Pública al operar en territorios con una fuerte presencia de disidencias y una tensa relación con la población civil.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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