Según testimonios, la víctima "fue asesinada a punta de golpes y luego arrojada al río". El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció enérgicamente sobre el caso, afirmando que los implicados "se salieron de toda la ética" y que "no habrá espacio para la criminalidad ni la impunidad". El Ejército Nacional, por su parte, confirmó que los militares fueron retirados de sus funciones y puestos a disposición de las autoridades competentes para que respondan por los señalamientos. El abogado penalista Óscar Santamaria explicó que los uniformados enfrentan graves cargos que reflejan un presunto abuso de poder y una violación a los derechos humanos.

La comunidad de Frontino ha clamado justicia, describiendo a la víctima como una persona tranquila que "no se metía con nadie". Este caso pone nuevamente bajo la lupa la conducta de algunos miembros de la Fuerza Pública y la necesidad de garantizar que sus acciones se enmarquen estrictamente en el respeto a la ley y los derechos fundamentales.