A 40 años del holocausto, la memoria del Palacio de Justicia sigue en disputa
En la conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, persisten las heridas abiertas y las disputas sobre la memoria de uno de los episodios más trágicos de la historia colombiana. Los eventos del 6 y 7 de noviembre de 1985, que dejaron cerca de 100 muertos y 11 desaparecidos, fueron recordados con actos solemnes en las altas cortes, donde se rindió homenaje a las víctimas. En este marco, el Consejo de Estado emitió una condena contra la Nación por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa, señalando una responsabilidad compartida entre la "toma terrorista" del M-19 y el "uso excesivo y desproporcionado" de la fuerza por parte del Estado. La sentencia fue enfática al afirmar que la toma no fue una "hazaña política" sino "la afrenta más grave al Estado de Derecho". Esta declaración resuena con las críticas de magistrados y familiares de víctimas a supuestas declaraciones del presidente Gustavo Petro, exmiembro del M-19, quien habría calificado la toma como una "genialidad", aunque el mandatario lo ha negado. Familiares de las víctimas, como Mauricio Gaona, hijo del magistrado asesinado Manuel Gaona, y Alejandra Rodríguez, hija del desaparecido Carlos Augusto Rodríguez, continúan exigiendo verdad y justicia, denunciando que los responsables de ambos lados "jamás aceptaron su responsabilidad". La discusión sobre la memoria sigue vigente, con llamados a desclasificar archivos de inteligencia de la época y a evitar el uso del suceso como una causa política. La exfiscal Ángela María Buitrago, quien reactivó el caso, sostiene que persiste un "pacto de silencio" que impide conocer toda la verdad.



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Las autoridades sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, incautando armas y munición durante el operativo.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






