La Defensoría del Pueblo ha emitido una contundente alerta sobre el "agravamiento estructural" del derecho a la salud en Colombia, evidenciado por la creciente dificultad en el acceso a medicamentos, el aumento de tutelas y una profunda crisis financiera. En su informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, la Defensoría señala un incremento sostenido de las barreras de acceso a la salud. Entre 2020 y 2025, se radicaron más de un millón de tutelas invocando este derecho, siendo el segundo más reclamado ante la Corte Constitucional. Solo en 2025, el 36,82% de estas acciones legales estuvieron relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos. La crisis financiera obliga a los pacientes a gastar hasta el 90% de sus ingresos mensuales para comprar por su cuenta fármacos esenciales como Metformina y Losartán.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, afirmó que “la inequidad social y económica es una causa estructural del problema”.
Esta situación ha provocado la suspensión de servicios en varias regiones. En Cúcuta, 1.700 pacientes con VIH están sin tratamiento por deudas de la Nueva EPS con el Hospital Erasmo Meoz. En Huila, la Clínica Belo Horizonte anunció la suspensión de servicios a más de 120.000 usuarios de la misma EPS por falta de pago. La Superintendencia Nacional de Salud registró un promedio de 1.600 reclamos diarios por medicamentos entre 2022 y 2025, evidenciando la magnitud del colapso operativo.
En resumenEl sistema de salud colombiano atraviesa una crisis sistémica que vulnera el derecho fundamental a la salud de miles de ciudadanos. La falta de acceso a medicamentos, el colapso financiero de las EPS y el aumento de acciones legales demuestran la urgencia de una reforma estructural que garantice la sostenibilidad y equidad en la prestación de servicios.