Nueve militares capturados por homicidio y tortura en base militar de Frontino, Antioquia

La captura de nueve militares por su presunta participación en la muerte de un civil en una base del Ejército en Frontino, Antioquia, ha generado una fuerte reacción de las autoridades, quienes prometen que no habrá impunidad en este grave caso de presunto abuso de la fuerza. El presidente Gustavo Petro confirmó la detención de los uniformados por su presunta implicación en los delitos de homicidio, tortura y desaparición forzada. Los hechos habrían ocurrido en octubre, cuando un civil fue detenido en los alrededores de la Base Militar 'Antorcha' y llevado a las instalaciones. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció enérgicamente sobre el caso, afirmando que los militares involucrados “se salieron de toda la ética” y que “no habrá espacio para la impunidad”. El ministro enfatizó el compromiso del gobierno con la justicia y el respeto a los derechos humanos, declarando que “no hay espacio para la criminalidad ni la impunidad”. Según versiones conocidas por la prensa, el civil habría sido brutalmente golpeado hasta la muerte y su cuerpo arrojado a un río.

Los nueve militares fueron retirados de sus funciones y puestos a disposición de las autoridades competentes para que respondan por las graves acusaciones. Este caso pone a prueba los mecanismos de control interno de las Fuerzas Militares y la voluntad del Estado para sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus propios agentes.

En resumen

El arresto de nueve soldados por la presunta tortura y asesinato de un civil en Frontino ha generado una condena unánime desde el Gobierno. Las autoridades han prometido una investigación exhaustiva para garantizar que se haga justicia y se sienten precedentes claros contra el abuso de poder dentro de la Fuerza Pública.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

Nueve militares capturados por homicidio y tortura en base militar de Frontino, Antioquia

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