Condenan a exparamilitares y a empresarios por masacres y financiación ilegal

La justicia colombiana ha proferido importantes condenas contra exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsabilizándolos por cientos de crímenes y, en un fallo histórico, sentenciando a empresarios por financiar sus estructuras criminales. En una decisión clave, la Sala de Justicia y Paz condenó a 35 exintegrantes de los bloques Calima y Bananero de las AUC por 345 hechos delictivos en Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Huila y Quindío. Entre los crímenes se incluyen masacres como la de Piedritas en Tuluá (Valle del Cauca) en 1999, que dejó 13 muertos, desplazamientos masivos y violencia de género. Entre los sentenciados se encuentran cabecillas como Hebert Veloza García, alias 'HH', con penas que oscilan entre 240 y 480 meses de prisión, aunque podrían acceder a la pena alternativa de ocho años de la Ley de Justicia y Paz. La Fiscalía destacó que la expansión del Bloque Calima fue posible gracias al apoyo de empresarios y miembros de la Fuerza Pública. En un fallo separado y de gran trascendencia, 27 años después del allanamiento al 'Parqueadero Padilla', el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a directivos de la empresa Maderas del Darién por el delito de Concierto para Delinquir Agravado, al demostrarse que financiaron al Bloque Elmer Cárdenas de las AUC en Chocó. La Fiscalía declaró esta conducta como un delito de lesa humanidad, haciéndolo imprescriptible.

En resumen

Estas sentencias representan avances significativos para la justicia transicional, al no solo castigar a los ejecutores de crímenes atroces, sino también al establecer la responsabilidad de los actores económicos que sostuvieron el aparato de guerra paramilitar. La condena a los empresarios de Maderas del Darién, en particular, sienta un precedente crucial en la lucha contra la impunidad de los financiadores del conflicto armado.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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