Por un lado, se recuerda la acción del grupo guerrillero M-19, que tomó como rehenes a magistrados y empleados. Por otro, se cuestiona la respuesta del Estado, cuya retoma militar dejó cerca de 100 muertos, 11 desaparecidos y un incendio que consumió archivos judiciales cruciales. Familiares de las víctimas, como el hijo del magistrado Gaona, sostienen que “los responsables del Palacio de Justicia jamás aceptaron su responsabilidad”. Las altas cortes han rechazado cualquier intento de romantizar el suceso; el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, lo calificó de “barbarie” y “acto terrorista”, en contraste con algunas posturas del presidente Gustavo Petro, exmiembro del M-19. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia en 2014 por las desapariciones forzadas. En el marco del aniversario, persisten los llamados a desclasificar archivos militares y de inteligencia para esclarecer completamente los crímenes cometidos, especialmente el paradero de los desaparecidos, una deuda que el Estado aún tiene con las víctimas y la sociedad.
A 40 años del Palacio de Justicia: una herida abierta y memorias en disputa
Al cumplirse cuatro décadas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, Colombia conmemora uno de los capítulos más dolorosos de su historia, mientras persisten las heridas abiertas, las verdades pendientes y el debate sobre las responsabilidades compartidas entre el M-19 y la Fuerza Pública. La conmemoración de los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 ha reavivado el debate nacional sobre las narrativas en conflicto.



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Las autoridades sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, incautando armas y munición durante el operativo.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






