Por un lado, se recuerda la acción del grupo guerrillero M-19, que tomó como rehenes a magistrados y empleados. Por otro, se cuestiona la respuesta del Estado, cuya retoma militar dejó cerca de 100 muertos, 11 desaparecidos y un incendio que consumió archivos judiciales cruciales. Familiares de las víctimas, como el hijo del magistrado Gaona, sostienen que “los responsables del Palacio de Justicia jamás aceptaron su responsabilidad”. Las altas cortes han rechazado cualquier intento de romantizar el suceso; el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, lo calificó de “barbarie” y “acto terrorista”, en contraste con algunas posturas del presidente Gustavo Petro, exmiembro del M-19. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia en 2014 por las desapariciones forzadas. En el marco del aniversario, persisten los llamados a desclasificar archivos militares y de inteligencia para esclarecer completamente los crímenes cometidos, especialmente el paradero de los desaparecidos, una deuda que el Estado aún tiene con las víctimas y la sociedad.